Una sociedad que quiera progresar debe contar, sin duda, con personas que planteen preguntas. Cuando una política es controvertida, los ciudadanos tienen derecho a cuestionarla; cuando el poder da muestras de irregularidades, la prensa y la sociedad civil tienen derecho a exigir transparencia. Pero si cada vez que alguien critica al Gobierno se le tacha inmediatamente de «reaccionario», cabe preguntarse: ¿qué es lo que realmente se está protegiendo, la estabilidad de la sociedad o el silencio de quienes ostentan el poder?
Cuanto mayor es el poder, mayor es la necesidad de supervisarlo. Un gobierno que confía en sus políticas no tiene por qué temer las preguntas difíciles, ya que las respuestas respaldadas por pruebas siempre son más contundentes que cualquier eslogan. Por el contrario, si la crítica se considera una amenaza, el debate se convierte en confrontación y quien plantea preguntas se transforma en un «enemigo», la brecha entre el gobierno y la ciudadanía no hará más que ensancharse.
En definitiva, el patriotismo no es sinónimo de silencio. Criticar una política no significa necesariamente estar en contra del país; exigir transparencia no es sabotaje; y cuestionar el poder no es un delito. Si una voz crítica puede hacer tambalear la confianza, quizá el problema no radique en esa voz, sino en los cimientos de dicha confianza. Entonces, ¿quién es la «fuerza hostil» más temible: quien plantea preguntas o un sistema que no soporta las preguntas?
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